La reacción socialista ante la sentencia de tres jueces por el caso Bono no puede ser más reaccionaria, mediocre y sectaria. Cuando falta un mínimo de grandeza en la actuación de los hombres públicos muere la política. Es como si el Estado de Derecho a los políticos socialistas no les importase nada. Pocas cosas con coherencia democrática han dicho los dirigentes socialistas al evaluar la sentencia que condena a tres policías por conculcar las libertades políticas de dos militantes del PP. Creían que sería suficiente con esconderse detrás de una dimisión. Por fortuna, ya se ha instalado en la opinión pública que esto no es un asunto de tres policías y un delegado del Gobierno. Aquí está implicado todo el sistema democrático. Aparte de la Fiscalía General del Estado, que más parece del Gobierno, en este asunto, que ha pasado de ser una supuesta agresión a Bono a la detención ilegal y antidemocrática de dos militantes del PP, está implicado todo el Ejecutivo, empezando por el presidente.
Naturalmente, Bono fue el primer causante del montaje mediático contra el PP y las víctimas del terrorismo y le ha salido mal. Algo, por supuesto, debería decir sobre la sentencia, aunque conociendo al personaje, y toda vez que está fuera del Gobierno, quizá sea mejor así. Preferible es el silencio ominoso de Bono que los gritos destemplados de sus correligionarios, quienes al conocer la sentencia no han considerado ni por un momento que salía ganando el Estado de Derecho. La verdad. No, por el contrario, su única reacción ha sido atacar a la magistratura, a la oposición, a los agredidos y a todos aquellos que no traguen con el desmontaje de la democracia que lleva a cabo Zapatero. Más aún, quiero creer que en un arrebato de locura política, Diego López Garrido ha dicho que el PP, al pedir la dimisión de Alonso, antiguo ministro de Interior, está atacando al Estado de Derecho del mismo modo que HB. Estoy convencido de que por menos, por muchísimo menos, en otro país democrático este hombre ya estaría cesado o en un psiquiátrico.
Lo cierto es que la reacción de los socialistas ante la sentencia judicial, que condena a tres policías por detención ilegal, destrucción y falsificación de pruebas y coacciones a dos militantes del PP, da para todo un tratado sobre la maldad política. Es evidente que la sentencia compromete la actuación política del ex delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Hasta tal punto la compromete que, según sugieren los jueces, las conductas delictivas de los policías podrían haber estado generadas por el exceso de celo del ex delegado al exigir detenciones rápidas contra quienes, según él, habían agredido al ministro. Descubierto por los jueces, dimite Constantino Méndez. La dimisión quiere cerrar el asunto, pero lo que da es una prueba de que el Gobierno entero estaba detrás de todo ese montaje contra, no se olvide el asunto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el PP.
En fin, los socialistas, lejos de interesarse por la validez argumentativa de la sentencia y defender a los jueces, la tachan de "desmesura total" (El País), como si lo que allí se dice no respondiera a hechos reales. No, señor Rubalcaba, esto no es una desmesura sino la constatación de un delito, que pudiera estar amparado por el Gobierno. Eso ya no sería una desmesura sino el fin de la democracia. A eso vamos.